LOS PROYECTOS DE CIUDADANÍA EN MÉXICO, 1824-1872

Miguel Antacabana Angulo[1]

GIAH

Óleo sobre tela, de Patricio Ramos Ortega, 1862.
Óleo sobre la Batalla de Puebla (05/05/1862). Por Patricio Ramos Ortega (1862). Fuente: http://www.3museos.com/themes/coleccion/msxix_16.html

I. Introducción

La construcción de la ciudadanía en Hispanoamérica fue un proceso muy complejo, las sombras de las guerras de independencia, el surgimiento de los caudillos militares, las crisis económicas, las dictaduras, etc. significaron los grandes obstáculos para consolidar la ciudadanía en un continente donde las instituciones democráticas fueron y son hasta ahora débiles. A pesar de los difíciles momentos que le toco vivir a Hispanoamérica, es necesario señalar que paralelamente se fueron gestando proyectos políticos que buscaron crear la ciudadanía. Este trabajo tiene por objetivos examinar la construcción de la ciudadanía en el México independiente[2], específicamente en la segunda mitad del siglo XIX. Para ello el trabajo se divide en tres partes: en la primera, abordo los aspectos generales del concepto de ciudadanía. En la segunda parte, describo la idea de ciudadanía plasmada en las constituciones de 1824, 1836 y 1857/72. En la tercera parte, se examinó los proyectos que buscaron construir la ciudadanía desde el poder (liberales y conservadores) y que a pesar de fracasar dieron como resultado la aparición de proyectos alternativos, ejemplo de ello es la “ciudadanía armada”.

II. Aspectos generales del concepto ciudadanía

Estudiar la conceptualización de ciudadanía en Hispanoamérica y en particular en México nos remite al contexto de la llegada de la modernidad y su influencia en la política mexicana. Cuando hablamos de ciudadanía en términos modernos nos estamos refiriendo a la existencia de una identidad construida bajo una tradición democrática donde se unen procesos culturales, políticos y sociales:

La ciudadanía moderna posee un carácter democrático el cual reside en su universalidad, en la identidad que adquiere el individuo y el ciudadano. Una identidad que se construye en los ámbitos cultural, jurídico y político. El ser ciudadano implica que el individuo se vea sí mismo como un ente capaz de autodeterminarse, de deliberar y juzgar sobre los asuntos concernientes a su vida particular y a su comunidad (Soto Reyes Garmendia, 2010, pág. 85).

Esto quiere decir que el concepto de ciudadanía se emplea para designar a todos los hombres que gozan de autonomía, es decir tienen la capacidad de razonamiento y autorregulación, en otras palabras puede autodeterminarse. Eso implica que el individuo-ciudadano goza de la capacidad de deliberar, juzgar, elegir y actuar (Soto Reyes Garmendia, 2010). La idea de autodeterminación trae consigo dos ideas: la capacidad de razonamiento (señalado líneas arriba) y la implantación del ideal de gobierno democrático. La primera idea, se refiere a la comunidad de individuos con capacidad de autogobernarse y autorregularse, haciendo uso de la razón. Mientras que la segunda idea, hace referencia al ideal y prácticas democráticas, el cual debe crear los vínculos entre la sociedad y el Estado.

La creación de la ciudadanía en el México del siglo XIX supuso la eliminación de las relaciones sociales corporativas para dar lugar a relaciones de tipo individual, y en consecuencia se trató de diseñar un individuo-hombre que disfrute de libertad dentro del plano político y social. Parafraseando a Escalante Gonzalbo cabe decir que para la construcción de la ciudadanía en México fue necesario cambiar las costumbres políticas, pasar de viejas relaciones de dependencia personal a relaciones igualitarias entre individuos (Escalante Gonzalbo, 1995).

Por lo tanto para analizar el concepto de ciudadanía es necesario tener en cuenta tres términos claves: autodeterminación (autorregulación), razón e ideal de gobierno democrático. Conceptos que se complementan con el de identidad nacional, el cual homogeneiza a la población. Poniendo al conjunto de individuos en igualdad de derechos políticos. Finalmente puede señalarse que la ciudadanía tiene como finalidad lograr la vinculación del Estado con la sociedad. Donde el primero le reconoce derechos políticos y sociales, y mientras el individuo-ciudadano le confiere la legitimidad que todo sistema político necesita. A partir de allí surge la sociedad civil como ente autónomo del Estado (Palti E. , 2007).

III. Desarrollo del concepto de ciudadanía a través de las primeras constituciones mexicanas del XIX

El origen del concepto de ciudadanía se remonta al contexto de 1808, durante la invasión napoleónica a España. La guerra contra el invasor francés hizo posible que el lenguaje político se reconfigurara, España no fue el único espacio que sintió el cambio del lenguaje político, sus colonias americanas también fueron influidas por dichos eventos. La sociedad colonial americana sufrió un proceso de politización, provocando que el lenguaje político sufriera transformaciones conceptuales (Guerra, 1997). La promulgación y puesta en ejercicio de la Constitución de Cádiz (1812) mostró en parte los cambios que se estaban produciendo. En dicho texto jurídico se redefine el concepto de ciudadano, y se le asocia al “nuevo” concepto de nación (Aljovín de Losada, 2009). En el caso mexicano, específicamente durante los años posteriores a la independencia, 1824 en adelante, hace su aparición las primeras constituciones mexicanas y en ellas las “nuevas” concepciones de ciudadano[3].

La influencia de la Constitución de Cádiz estará presente en las primeras constituciones mexicanas. Por ejemplo en la Constitución de 1824 el concepto de ciudadano no aparece directamente, en el texto es reemplazado por el concepto nación, allí se argumenta que para pertenecer a la nación se debe haber nacidos en la Nueva España o en México y profesar la religión católica (Aljovín de Losada, 2009).

En la Constitución de 1836, se hace la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Mientras la nacionalidad estaba referida a toda persona nacida en México o de padres mexicanos (designaba un colectivo). Aquí el concepto de ciudadano estaba definido por la posición social (propietarios), esto reservaba el derecho a la participación política para el sector propietario. A partir de esta constitución la calidad de ciudadano se reserva para todo aquel que posea propiedades y una determinada renta. Se va creando una “elite reducida” de: propietarios, clérigos, oficiales y profesionales urbanos” (Escalante Gonzalbo, 1995, pág. 260).

La Constitución de 1857, resaltaba que para ser considerado ciudadano era indispensable ser nacional, vale decir que se reservaba la ciudadanía para los nacidos en México, los mayores de 21 años y para los casados de 18 años. Se hace una diferenciación entre ciudadano activo (propietario) y pasivo (nacional) (Velásquez Delgado, 2008). Esta será la última constitución que reconocerá a la religión católica como oficial y además deja sin efecto al catolicismo como requisito para ser considerado ciudadano. Las reformas de 1859, por Benito Juárez, logran secularizar el Estado mexicano, separando a la iglesia del Estado[4]. Se declara la libertad de culto. Aunque el derecho a la ciudadanía seguía reservada para los propietarios, incluso se acentuó más la brecha.

En síntesis en las constituciones mexicanas que van de 1824-1857 y de 1859-1872[5] muestran los cambios que se produjeron en la conceptualización de la ciudadanía. En los años de 1824-1857, predomino la ciudadanía nacional y católica, profesar el catolicismo era el requisito indispensable para ser considerado ciudadano, así como poseer propiedades o renta. Mientras que en los de 1859-1872 el Estado mexicano pasa por un proceso de secularización.

IV. Proyectos de ciudadanía en México: liberales, conservadores y “ciudadanía armada”

Escalante Gonzalbo en su libro Ciudadanos Imaginarios analiza los proyectos de ciudadanía, señala las dificultades que tuvo que atravesar el Estado mexicano para la creación de la ciudadanía. La dificultad radicaba en la incapacidad del Estado para imponer su autoridad, lo que Escalante llama “el problema de la autoridad”[6]. Este autor muestra la presencia de tres proyectos de ciudadanía: el proyecto liberal, el conservador y el de la ciudadanía armada.

El proyecto liberal

El proyecto de los liberales decimonónicos mexicanos era la consolidación del Estado-nación. La consecución de ese proyecto implicaba la creación del ciudadano, el Estado debía crear las condiciones para un acercamiento entre él y la población. De esa relación nacería la ciudadanía y con ella la legitimidad. Así el Estado controlaría el monopolio de la violencia e impondría su autoridad. Al respecto Escalante señala:

[…] la ciudadanía define en particular la naturaleza del vínculo entre Estado y sus súbditos. […] la ciudadanía es el eje de un modelo moral que exige que el Estado responda a la Voluntad General – o a un consenso formado por el público –, y que impone la obediencia como contribución al Bien Común (Escalante Gonzalbo, 1995, pág. 190).

De la cita anterior se colige que la preocupación de los liberales era crear lazos entre el Estado y los ciudadanos, ello garantizaría la obediencia hacia el Estado. La solución que plantearon los liberales fue reformar las costumbres políticas y así moldear el sistema al correcto estado de las cosas. Esta idea fue compartida por Alamán y José María Luis Mora[7].

Ante la incapacidad del Estado de crear los vínculos con la población los liberales vieron  en el Congreso y en las constituciones el único camino por cual podían resolver las anomalías del sistema político-social mexicano. Pero esta búsqueda de reformas no solo encontró detractores en las filas conservadoras sino dentro de los mismos liberales. Los liberales de la Reforma son un claro ejemplo la dicotomía: necesidad de reformar el Estado, eliminando las prácticas políticas tradicionales, pero a la vez apoyaban su poder en dichas prácticas tradicionales. En otras palabras “querían modificas las “costumbres” políticas, pero necesitaban usarlas para mantener su dominio” (Escalante Gonzalbo, 1995, pág. 194).

Ante el fracaso que supuso el proyecto liberal de ciudadanía (reformar para mantener las viejas tradiciones), emergerá el proyecto conservador de ciudadanía. Paradójicamente los liberales terminaran por aceptar la propuesta conservadora, “la ciudadanía de los propietarios”.

El proyecto conservador de ciudadanía

Desde un inicio los conservadores señalaron que el proyecto liberal estaba condenado al fracaso. Su propuesta era la creación de una ciudadanía restringida, su proyecto limitaba la ciudadanía para los propietarios. Mora estaba de acuerdo con la limitación de la ciudadanía. Consideraba que:

[…] un ciudadano de la república debía serlo aquel que, por nacimiento o carta de naturalización, tuviera más de veinticinco años y que tuviera propiedad raíz cuyo valor no fuera menor de seis mil pesos o un ingreso anual de mil pesos. Solo los hombres que contaran con ese ingreso o con propiedades raíces, argüía, estaban en condiciones de entender las necesidades del país e interesarse en su progreso (Breña, 2009, pág. 266).

La propuesta de Mora influyo en la constitución de 1836, en la cual se estipulaba, que el requisito para ser considerado ciudadano, era contar con propiedad o renta. Esto le garantizaba al ciudadano gozar del derecho a elegir y ser elegido (participar en las elecciones). Lo cual significaba que el Estado se convertía en una suerte república aristocrática u oligárquica, donde el funcionamiento del Estado seria sin apoyo cívico, lo que Escalante llama “los ciudadanos imaginarios”. A pesar de su carácter excluyente, la propuesta conservadora fue ampliamente aceptada no solo por sus partidarios, los liberales mexicanos terminaron aceptándola y defendiéndola.

A modo de resumen se puede decir que tanto liberales como conservadores convergieron en la idea de la ciudadanía de propietarios. Esto se debió a la existencia de una élite política cerrada que no estaba dispuesta compartir el poder. Las consecuencias del fracaso del proyecto de ciudadanía liberal hizo posible la convergencia de ambos sectores. El saldo de los proyectos, de liberales y conservadores, fue que no se llegó a masificar el ideal democrático[8],  entonces surgió como alternativa la “ciudadanía armada”.

La ciudadanía armada, un proyecto alternativo pero conflictivo.

“La ciudadanía armada”, fue posible ante el fracaso de los proyectos de ciudadanía, la anarquía militar y la aparición de caudillos locales; la ciudadanía armada se erigía como garante del orden constitucional. Escalante señala que durante el siglo XIX el Estado trato de reconfigurar los vínculos con la población. En ese contexto la ciudadanía armada fue el espacio por el cual se trató de crear y cultivar las virtudes cívicas, y así constituir al ciudadano. La idea de la ciudadanía armada parte de la premisa weberiana, que afirma el derecho de la ciudadanía a instruirse en las armas para la defensa del territorio, de la constitución y la democracia. Esta ciudadanía armada jugaría el rol de garante del orden democrático y difusor del ideal ciudadano. Este plan alternativo se gestaba en paralelo a los proyectos de ciudadanía de conservadores y liberales. Hacia 1845-1847, durante el gobierno de Santa Anna esta alternativa se ira destruyendo, los cuerpos cívicos fueron usados para fines políticos (personales) logrando variar sus objetivos iniciales.

En consecuencia el proyecto de la ciudadanía armada fracaso porque este nunca llego a crear los vínculos entre estado y sociedad, menos aún la virtudes cívicas, por tal no llego a formar al ciudadano. Su inviabilidad radico en el hecho de que al mismo tiempo que pretendía defender la patria, la democracia y la ciudadanía, también defendía los intereses personales de los gobernantes de turno.

Bibliografía

ALJOVÍN DE LOSADA, C. (2009). <<Ciudadano>> y <<vecino>> en Iberoamérica, 1750-1850: monarquía o república. En Fernández Sebastián, J. Diccionario político y social del mundo Iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850 (págs. 179-198). Madrid: Fundación Carolina.

BREÑA, R. (2009). Ciudadano: México. En Fernández, Sebastián, Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850 (págs. 259-270). Madrid: Fundación Carolina.

ESCALANTE GONZALBO, F. (1995). Ciudadanos imaginarios: memorial de los afanes y de la virtud y apología del vicio triunfante en la república mexicana. México: Colegio de México/Centro de Estudios Sociológicos.

GUERRA, F.-X. (1997). Modernidad e independencia.  Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: FCE.

PALTI, E. (2007). El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado. Buenos Aires: Siglo XXI.

PALTI, E. J. (2005). La invención de la legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX (un estudio sobre las formas del discurso político). México: FCE.

SOTO REYES GARMENDIA, E. (2010). La democracia y el sistema político en México. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Consulta: 20 de junio de 2013. < http://dcsh.xoc.uam.mx/pensarelfuturodemexico/libros/democracia.pdf>

VELÁSQUEZ DELGADO, G. (2008). La ciudadanía en las constituciones mexicanas del siglo XIX: inclusión y exclusión político-social en la democracia mexicana. Acta Universitaria, 18, 41-49. Consulta: 22 de junio de 2013. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41601805>


[1] Miembro del Grupo de Investigaciones Annalicemos Historia (GIAH) y estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú).

[2] Este trabajo es de carácter exploratorio, por tal presenta un panorama general sobre el tema de la ciudadanía en el México de la segunda mitad del siglo XIX.

[3] Autores como Roberto Breña y Graciela Vásquez Delgado parten del Decreto de Apatzingán (22 de octubre de 1814) para analizar el concepto de ciudadano. En ese texto se consideraba ciudadano a todos los nacidos en América, que profesaran la religión católica  y no se opusieran a la independencia.

[4] Hasta la Reforma de 1859, la Iglesia tenía a su cargo el registro civil, único oficiador de matrimonios, etc.

[5] Tómese en cuenta que el gobierno de Benito Juárez fue interrumpido durante los años de 1862-1867, a causa se dé la instauración del Segundo Imperio mexicano encabezado por Maximiliano de Habsburgo.

[6] El otro problema que tuvo que afrontar México fue el fenómeno de los caudillos locales que impedían al Estado imponer su autoridad y con ello controlar el monopolio de la violencia.

[7] Ambos tenían posiciones políticas contrarias, Alamán era conservador, mientras que Mora fue un liberal.

[8] La prensa liberal jugo un papel importante en la difusión de su proyecto de ciudadanía (a pesar que el proyecto fracasara).

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